Los profesionales del Derecho abajo firmantes queremos manifestar públicamente nuestra gran preocupación por las condiciones jurídicas y materiales en que se desarrolla el internamiento de extranjeros que prevé la Ley de Extranjería. Según ésta, un inmigrante, simplemente por su situación administrativa irregular, puede ser privado de libertad hasta cuarenta días en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), mientras se tramita un procedimiento administrativo susceptible de concluir con la sanción de expulsión. Durante este tiempo es custodiado por la policía, sin que se garantice un auténtico control judicial, ni esté suficientemente regulado el régimen y funcionamiento de estos centros. A la opacidad de estos lugares se suman el hacinamiento, las deficientes condiciones materiales y la especial vulnerabilidad de las personas allí encerradas. Por éstas y otras razones, la situación de los CIE ha sido objeto de duras denuncias por instituciones y organizaciones nacionales e internacionales de acreditada solvencia.
El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería presentado por el Gobierno, lejos de corregirla, supondría una sustancial agravación de la situación descrita. De acuerdo con el art. 62 del Anteproyecto, el internamiento podrá prolongarse hasta sesenta días, siendo éste un límite ficticio, cuyo cómputo puede suspenderse cuando concurran circunstancias tan frecuentes como que la expulsión no pueda verificarse por causas no imputables a la Administración. Según esta reforma cabría tener encerrado ilimitadamente a un inmigrante por no tener autorización para residir en nuestro país. Consideramos que ésta es una medida que como Estado de Derecho nos deslegitima, como sociedad nos avergüenza y frente a la cual, como juristas, hemos de manifestar nuestra más contundente oposición y repulsa.
Por las razones expuestas, solicitamos a todos aquéllos que intervendrán en el actual proceso de reforma de la Ley de Extranjería:
PRIMERO. Que se opongan firmemente a la ampliación del plazo de internamiento y a la posibilidad de suspender su cómputo.
SEGUNDO. Que aprovechen la ocasión para mejorar las condiciones jurídicas del internamiento. Entre otras medidas, resulta imprescindible garantizar un auténtico y efectivo control judicial de esta privación de libertad y completar la normativa sobre régimen y funcionamiento de los CIE.
TERCERO. Que reconsideren la legitimidad de privar de libertad a una persona con el fin de asegurar la ejecución de una eventual sanción administrativa.
Retención de inmigrantes
Público (29-3-2009)
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El internamiento de extranjeros en el Anteproyecto
Reflexiones para su modificación
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- Se agradecen las adhesiones, especialmente de los juristas, con nombre, apellidos, DNI, ocupación. Igualmente se agradece su difusión.
Envío de email a inmigrapenal@gmail.com señalando en asunto “Me adhiero al manifiesto CIE”
