CONTRA LA PENA MUERTE (10 de Otubre)

12 de octubre de 2005
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Y seguramente son más, ya que muchos países continúan ejecutando en secreto a los condenados

En Texas, una condena a muerte cuesta 2,3 millones de dólares, tres veces más que 40 años en una cárcel de alta seguridad.

Posibilidad de errores: el gobernador Ryan, republicano, en 2003 conmutó 167 penas de muerte en el estado de Illinois (EEUU) debido al estudio en el cual se demostró que alguna vez se habían obtenido confesiones bajo tortura y que también habían habido casos de errores judiciales. En el conjunto de los Estados Unidos, del 1976 al 2004, más de 900 personas han sido ejecutadas y se han detectado 96 errores.

Entre 1990 y 2003 se llevaron a cabo 34 ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

La pena de muerte no es disuasiva. El estudio que el FBI hizo en 1992 nos dice que en los 38 estados donde se aplica la pena de muerte se registraban 9,3 asesinatos por 100.000 habitantes y año.

En los 13 estados que no tienen la pena de muerte en su legislación se registraban 4,9 asesinatospor 100.000 h. y año. Canadá abolió la pena de muerte en 1976. 26 años después, en 2002, el índice de homicidios era un 40,5% inferior al de 1975.

La pena de muerte es injusta: A menudo recae en la persona que no se ha podido pagar un buen abogado.

Según Amnistía Internacional, la mayoría de les personas ejecutadas no tuvieron un juicio justo. Muchas fueron declaradas culpables en virtud de «pruebas» obtenidas bajo tortura.La pena de muerte no tiene ningún efecto de reparación del mal infringido a las víctimas, ni ayuda a sus familias.

El miedo a la pena de muerte no parece intervenir en el momento del acto criminal: pasa ante todo la pasión (por un amor humano, por el dinero, por el poder, por ser mártir)

La inyección letal puede dar la impresión de una dulce agonía pero solo es debido a los paralizantes musculares utilizados.

La pena de muerte es un crimen legalizado.

¿Es posible enseñar que no se ha de matar, matando?

Ejecutan los gobernantes para asegurar la paz o para mamtenerse en el poder?

La pena de muerte responde, en gran parte, al deseo de venganza.

En 2004 fue abolida la pena capital en los países siguientes: Bhutan, Grecia, Samoa, Senegal y Turquía. El mismo año, a pesar de conservar la máxima pena en su legislación, las ejecuciones se suspendieron en Tadjikistan, en Kirguisistan, en Malawi y en Corea del Sur.

En marzo de 2005, EEUU declaró inconstitucional la imposición de pena de muerte por losdelitos cometidos por menores.

Hay que denunciar a los países abolicionistas que, con la excusa del terrorismo y contraviniendo la legislación internacional, extraditan personas a su país de origen donde se aplica la pena de muerte.

El ser humano es una realidad hecha de necesidades y de posibilidades. Es decir, el ser humano tiene la posibilidad de cambiar

Un acto de una persona no engloba todo lo que la persona es.

Únicamente la prevención puede disminuir la criminalidad Justicia social — Prisiones que permiten la reinserción – Tratamientos adecuados de les perturbaciones psíquicas.

Juan Pablo II afirmó varias veces su oposición a la pena capital.

Muchas personalidades luchan públicamente para que su país se vuelva abolicionista. Recordamos Mary Robinson, expresidenta de la República de Irlanda y ex-alta comissaria en las Nacions Unides; el japonés Sakae Menda ex-condenado a mort; el japonés; Kiraitu Murungui, Ministro de Justicia kenyata; Hauwa Ibrahim, abogada nigeriana; Alioune Tine, profesor universitario senegalés; Sami Aldeeb, palestiniano cristiano especialista en derecho musulmán; Vera Chirwa, abogada de Malawi, pasó 12 años en el corredor de la muerte; Antoinette Chahine estudiante libanesa ex torturada y condenada a muerte, y así tantos otros.

La fuerza más grande para la abolición de la pena de muerte vendrá de la madurez de la sociedad civil. No obtante, pensemos que personages políticos con convicción y esfuerzo han abolido la pena de muerte en sus países, estando en contra de la mayoría, poco informada, de la población. Así lo hicíeron Robert Badinter en Francia en 1981 (con el 63% de la población en contra); Nelson Mandela i Desmond. Tutu en Sudáfrica en 1995 ( en 1996 en la ciutat de Johannesboug había un 93% que reclamaba su restablecimiento); George Ryan en 2003 en el estado de iIllinois (Estados Unidos).