Monseñor José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara, preside actualmente y por segunda vez la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (la presidió desde 1988 hasta 1993). Fue nombrado miembro del Consejo Pontificio para los Emigrantes por su Santidad el Papa Juan Pablo II el 30 de enero de 1995 y es también Presidente de la Comisión «Pastoral de las Migraciones» del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) desde el 3 de noviembre de 2006.
Su nombre saltó hace unas semanas a la actualidad por atribuírsele ciertas críticas a la propuesta de un «contrato de integración» para los inmigrantes. El prelado aclara que sus críticas no se dirigen a una ley en concreto, sino en general a la legislación occidental sobre inmigración: «mientras no me demuestren que las leyes de inmigración, llámense contrato, regulación o como sea, nacen de anteponer la persona con sus dignidades y derechos a todo otro interés, sea político, partidista, nacional, de grupo o de bloque, todas las leyes, da igual quién las haga, nacerán con el mismo corte: todas serán de carácter restrictivo, defensivo y coyuntural».
Según monseñor Sánchez, la inmigración es para la Iglesia «una gran oportunidad»: «una oportunidad de enriquecimiento y de rejuvenecimiento, de experimentar lo que es la Iglesia, que lo que la doctrina proclama, «Iglesia universal y católica», sea realidad en cada pueblo».
–¿Qué actividades lleva a cabo la comisión de Migraciones que usted preside?
—Monseñor José Sánchez: La comisión que presido no tiene carácter ejecutivo, ni tiene atribuciones por encima de la Conferencia Episcopal en la que está integrada. Por lo tanto, no puede imponer una normativa a los obispos en las diócesis, que son los que tienen la competencia en sus propios territorios.
Por lo tanto, nosotros somos un organismo de ayuda, de información, de sugerencias, de animación, de puesta en común. Estamos presentes en esta problemática para ayudar a la pastoral de las diócesis en ese aspecto. Y frente a la opinión pública tenemos una voz que pronunciamos, cuando llega el momento, siempre bajo la autoridad de los organismos de la CEE, es decir, la Presidencia, el Comité Ejecutivo, la comisión Permanente y la Plenaria. El nuestro es un cometido de trabajo, y no de tomar determinaciones.
—A grandes rasgos, ¿cómo se puede definir la postura de la Iglesia en torno a la inmigración? ¿Apertura frente a seguridad? ¿Lo más importante son las personas? ¿Las leyes deben ser más o menos restrictivas?
—Monseñor José Sánchez: La postura de la Iglesia en esta cuestión viene definida por la Sagrada Escritura, incluso en el Antiguo Testamento. El trato que manda la Ley de Moisés, los profetas y toda la tradición del pueblo de Israel con los inmigrantes extranjeros es para nosotros un precedente, que después se concreta en la actitud de Jesús de Nazaret.
Jesucristo incluía a los extranjeros junto a la atención a los enfermos, a los pobres, a los encarcelados, etc., en el catálogo de los comportamientos por los cuáles seremos juzgados (Mateo, 25). El trato que él tuvo con los extranjeros con los que se encontró en vida, y lo que dejó determinado en la Iglesia, que aparece en Pentecostés, establece una Iglesia en la que no hay extranjeros. Ése es el paradigma, el modelo en el que se encarna la actitud de la Iglesia a lo largo de los siglos con extranjeros e inmigrantes.
Luego, el modelo se ha ido concretando en la Doctrina Social de la Iglesia, que tiene una tradición ya muy rica con los precedentes de León XIII en el siglo XIX, y especialmente en las encíclicas sociales del Concilio Vaticano II. Posteriormente se ha desarrollado como un espacio dentro de esa Doctrina Social, que bajo el epígrafe «emigrantes, inmigrantes, itinerantes» aborda el mundo de la movilidad humana.
Para ellos la Iglesia pide en primer lugar un trato especial dado que su condición es especial, de manera que no puedan ser discriminados o inferiormente atendidos con respecto a la población estable en cuanto a los servicios de las parroquias, las diócesis, etc. Es decir, hay que crear estructuras para atender a la persona dondequiera que esté. La pastoral de migraciones nace de la necesidad específica de crear estructuras, servicios y agentes que atiendan a las personas en su condición específica de no tener un lugar permanente.
De ahí se deducen varios principios: En primer lugar, que la persona con sus derechos fundamentales está antes que la economía y que los intereses particulares de los Estados o de los bloques. En segundo lugar, que los bienes de la Tierra están al servicio de todas las personas, y por lo tanto es necesario compartirlos.
En tercer lugar, que toda persona tiene derecho a emigrar, es decir, a salir de su casa para mejorar su condición o la de su familia, pero también, y esto es fundamental, tiene derecho a no tener que emigrar por necesidad, con lo cual, es obligación de los Estados garantizar la capacidad de cada uno de poder desarrollarse en su propio país.
Otro principio muy importante en la pastoral de las migraciones y en el comportamiento de la Iglesia es que en la Iglesia no hay extranjeros. La Iglesia es la casa de todos, y por lo tanto, la acción de la Iglesia no puede estar limitada exclusivamente a la «clientela», hablando en términos comerciales: a la gente del mismo territorio, de la misma lengua o incluso de la misma fe. El ámbito del servicio de la Iglesia es toda persona humana.
Esto no quiere decir que llegue a todos la acción de la Iglesia con los mismos medios y formas. Respecto a los inmigrantes católicos, tienen plenos derechos y obligaciones dentro de la Iglesia, por lo cual habrá que crear para ellos estructuras especiales, como las parroquias personales, agentes pastorales que hablen el idioma, etc. A los cristianos de otras confesiones, como los ortodoxos y los protestantes, entra el diálogo ecuménico y la participación en todo lo que sea común. Y a los de otras religiones y a los no creyentes, se les incluye en la acción caritativa, que no puede excluir a nadie. Ése es, a grandes rasgos, el esqueleto de la pastoral de migraciones.
—Sin embargo, la actual explosión del fenómeno de la inmigración, que comienza a finales del siglo XX y, concretamente, en España desde los años 90, es, según muchos demógrafos, un fenómeno de movimiento de población sin precedentes en la historia de la Humanidad. De ahí han surgido una serie de problemas de seguridad, de integración. ¿Está llamada la Iglesia, y de qué manera, a responder a estos retos?
—Monseñor José Sánchez: Nosotros vivimos en España un fenómeno que está caracterizado por tres signos. En primer lugar, un cambio de tendencia: hasta hace unos quince o veinte años éramos un país de emigración, y desde 1995 prácticamente hemos pasado a ser un país de inmigración. Seguimos teniendo emigrantes fuera, pero está claro que el fenómeno que domina ahora es la inmigración.
El otro signo es la aceleración con la que se ha producido este cambio. Hemos pasado de cerca de un millón en el año 2000 a los cinco millones que hay actualmente. Y el tercer signo es la gran pluralidad cultural, lingüística y religiosa de estos inmigrantes.
Tanto la Iglesia como la sociedad tienen que adaptar sus servicios a este cambio tan rápido, tan voluminoso y tan diverso. Esto ha llevado en el caso nuestro a una mejora de las estructuras, por ejemplo, en el caso de las Cáritas o de la pastoral, para adecuarlas a las nuevas necesidades, y a que nos planteemos líneas de colaboración con instancias estatales y privadas. Colaboración que ha de ser leal, por una parte, pero también crítica. Y de ahí la necesidad de que la Iglesia levante su voz, una voz profética que ponga en evidencia los fallos, los abusos, y que invite a mejorar el trato a estos inmigrantes, que son personas con sus derechos y su dignidad.
Esta colaboración no niega el reconocimiento de la potestad de los Estados para regular el flujo de la inmigración, tarea que corresponde a los Gobiernos y a las instancias políticas. A nosotros nos corresponde la pastoral social y al mismo tiempo colaborar en todo lo que sea posible.
—Sin embargo, esto plantea muchos problemas a la hora de ponerlo en práctica, como por ejemplo las dificultades a la hora de acoger a los inmigrantes que llegan en pateras, y la cantidad de centros caritativos que están desbordados…
—Monseñor José Sánchez: Es verdad, la Iglesia cuenta con recursos muy limitados, pero también hay una gran generosidad, y ahí está la gran cantidad de voluntarios y personas dispuestas a ayudar. En estos momentos la Iglesia está siendo capaz de multiplicar sus servicios, de hacer casi «milagros» con muy pocos recursos económicos.
Pero esto hay que ponerlo al descubierto, porque está denunciando unos fallos en las estructuras de acogida y de servicio y una falta de regulación de los flujos migratorios, que tienen que plantearse ya en origen con una ayuda más generosa al desarrollo que no están cumpliendo los Estados, tampoco el nuestro.
-Usted criticó recientemente el llamado «contrato de integración» propuesto por algunas administraciones. Sin embargo, como se está viendo en casi todos los países de Europa está triunfando el discurso de la necesidad de seguridad ciudadana.
Monseñor José Sánchez: Quiero precisar dos cuestiones: en primer lugar, no he criticado en sí el «contrato de integración» porque no lo conozco. En segundo lugar, yo no tengo autoridad para pronunciarme en nombre de los obispos ni de la Conferencia Episcopal, como han dicho algunos medios. Esto tiene que quedar bien claro. Yo he hablado como persona sensible a estas cuestiones y con conocimiento del tema, y como obispo de Sigüenza-Guadalajara.
Ahora bien, yo planteo que esta medida, lo mismo que otras anteriores, de uno u otro Gobierno, e igual que otras que vengan detrás, resultan insuficientes. No me identifico con ninguna, porque mi opción es el Evangelio. Yo sé de antemano, por la experiencia de lo que ha ido pasando, que ninguna de las leyes de inmigración y extranjería se acerca al Evangelio. No me valen mientras no me demuestren que las leyes de inmigración, llámense contrato, regulación o como sea, nacen de anteponer la persona con sus dignidades y derechos a todo otro interés, sea político, partidista, nacional, de grupo o de bloque (llámese Europa). Anteponer el valor de la persona es hablar de familia, de vivienda, del desarrollo de sus países. Si no es así, todas las leyes, da igual quién las haga, nacerán con el mismo corte: todas serán de carácter restrictivo, defensivo y coyuntural.
En segundo lugar, mientras la inmigración sea el recurso al que acudimos cuando necesitamos mano de obra porque la economía está boyante, y el elemento que estorba cuando las cosas van mal, es decir, mientras los flujos de la economía y los vaivenes del bienestar nuestro estén por encima de la solidaridad internacional y de la ayuda al desarrollo, serán insuficientes.
Demuéstrenme que exista una ley de extranjería, por muy europea que sea, en la cual la persona, sus derechos y su dignidad, esté lo primero, y exista un proyecto de ayuda al desarrollo en los países de origen. Si no es así, estas leyes son imperfectas y tengo pleno derecho a criticarlas.
—Respecto a la crisis económica en la que Occidente está entrando, ¿le causa preocupación?
—Monseñor José Sánchez: Muchísima. Esta crisis, se llame así, o desaceleración, o aceleración de la desaceleración, está empezando a cebarse con los extranjeros, algunos de los cuales llevan aquí poco tiempo, y habían empezado proyectos pensando que su estancia iba a ser a largo plazo.
Sobre el aumento del paro de los últimos meses en España, la gran mayoría son inmigrantes. Para ellos sí que ha llegado ya la crisis de forma patente, ya no valen eufemismos ni llamar a las cosas de otra manera. La Iglesia la sociedad tienen en este momento una responsabilidad prioritaria en la atención de estas personas, que no porque hayan quedado en el paro y hayan perdido los papeles deban sufrir quebranto en su dignidad y en la garantía de sus derechos fundamentales.
La responsabilidad recae sobre quien tiene el poder de legislar sobre la inmigración. Con un desastre como el que estamos viviendo, de inmigrantes que llegan como pueden y jugándose la vida, está claro que es necesaria una regulación de los flujos migratorios, porque los que más pierden con la inmigración ilegal son los propios inmigrantes. Pero tiene que hacerse de otra manera.
—La inmigración es un desafío, un problema, pero ¿es también una oportunidad?
—Monseñor José Sánchez: Evidentemente es una oportunidad. Nuestra sociedad se está enriqueciendo con su trabajo y sus energías, con su juventud y con su cultura, que en algunas cosas será inferior a la nuestra pero en otras cosas será superior.
En la Iglesia, ellos ofrecen otra forma de expresarse, otra forma de celebrar la fe, como los católicos orientales o los que provienen de países africanos. Esta es una oportunidad de enriquecimiento y de rejuvenecimiento, de experimentar lo que es la Iglesia, que lo que la doctrina proclama, «Iglesia universal y católica», sea realidad en cada pueblo.
Es la oportunidad de experimentar lo que es ser el Buen Samaritano que acoge al otro, la oportunidad de vivir el ecumenismo en cada parroquia, de poner en marcha el diálogo interreligioso. Es una oportunidad para relacionarnos de forma distinta con el Islam, con el que hemos estado permanentemente en conflicto… Tenemos que darnos cuenta de que es una gran oportunidad, y no solo un problema contra el que tenemos que defendernos.
