COMUNICADOS A LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE COLOMBIA

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Los familiares de las víctimas de la comunidad de Bellavista - Bojayá en general, nos dirigimos a la Opinión Pública, haciendo conocer la negligencia y falta de voluntad del Estado para atendernos después de la masacre del 2 de mayo de 2002. Este día, en medio de combates con los paramilitares, las FARC lanzaron un cilindro bomba en dirección a la capilla de Bellavista que estaba sirviendo de refugio a centenares de habitantes del pueblo y tras de la cual se habían ubicado los paramilitares utilizando a la población civil como escudo humano. La bomba cayó en medio del templo católico y dejó como resultado un gran número de muertos, en su mayoría menores de edad y heridos entre la población civil. Todo esto se dio sin que el Estado hubiera intentado evitarlo a pesar de la alerta temprana emitida una semana antes. El Estado colombiano dice que garantiza los Derechos Humanos. Sin embargo para que eso sea cierto debe hacerse responsable de sus hechos como lo hace un buen padre, un maestro, el hijo que se hace mayor de edad ó el hombre que dio su palabra y luego la cumple y si no la puede cumplir da la cara pues para nosotros que somos de tradición oral la palabra es el mejor documento. Por eso no deja de llamarnos negativamente la atención el hecho de que hasta hoy el Estado no reconozca su responsabilidad en los in sucesos del 2 de mayo de 2002 y los siguientes días. ¿O acaso no es cierto que el gobierno nacional estaba informado por medio de la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo de lo que podía pasar? ¿O es menos cierto que por el municipio de Riosucio - Chocó pasaron las pangas de los Paramilitares sin ninguna dificultad a pesar de que existe un retén militar de la armada que hace imposible que cualquier embarcación surque por esa parte del río Atrato sin los controles respectivos? ¿O Tampoco es cierto que terminados los enfrentamientos con la guerrilla, algunos paramilitares que estaban escondidos salieron libremente al pueblo y empezaron a saquear nuestras casas a pesar de la presencia de la Fuerza Pública, lo que hizo que la gente se desplazara hacía Quibdó por temor a nuevos enfrentamientos con las FARC y facilitó el saqueo total del pueblo? ¿Entonces por qué el Estado no acepta su responsabilidad en los hechos? Por eso, manifestamos nuestra extrañeza y tristeza por el pronunciamiento del Consejo de Estado, contra la acción de grupo instaurada por la Defensoría del Pueblo con el objeto de obtener alguna indemnización para familiares de las personas que perdieron la vida en los mencionados in sucesos del 2 de mayo. Rechazamos que esta institución haya declarado la nulidad de lo actuado, tras considerar que la gente de Bellavista - Bojayá no puede ser un grupo y que para iniciar esta acción debería haber estado constituido previamente como grupo, restringiendo de manera escandalosa las posibilidades de acceder a esta figura jurídica para la población colombiana, pues este pronunciamiento además de desconocer la constitución de grupo étnico que reconoció la Ley 70 de 1993, sienta un mal precedente, porque hace imposible que cualquier comunidad en general pueda utilizar esta figura, situación que la Constitución colombiana en su artículo 88 no establece. Para nosotros es claro que ha habido negligencia de parte del Estado para llevar a cabo el proceso de identificación de las víctimas, más aún cuando rechazó el ofrecimiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Bogotá, para ayudar en el mencionado proceso. ¿Cómo es posible que frente a la importancia del caso y con todos los avances científicos técnicos la Fiscalía esté actuando con tanta lentitud? ¿Es que las víctimas de la tragedia de Bojayá no merecen ser tratadas con diligencia como sí se ha dado en otros procesos de identificación? A través de los medios de comunicación, conocimos el caso del atentado al club el Nogal donde la identificación de las víctimas y la indemnización a sus familiares no demoró más de dos meses. Es que hay ciudadanos de primera y segunda categoría? En nuestro caso han transcurrido veinte (20) meses y aún faltan muchas víctimas fatales sin identificar. ¿Ó es porque seguimos viviendo en el rincón del olvido de Colombia?. Si fuéramos personas de la alta sociedad colombiana, hace tiempo nos hubieran solucionado la identificación de los fallecidos. ¡Que la Fiscalía responda! Es necesario también recalcar la situación de nuestros niños, compañeros heridos y de las demás personas afectadas, porque después de la primera atención de emergencia el Estado no está respondiendo por los tratamientos y terapias que para su caso necesitan, ni han sido indemnizadas por los perjuicios causados, en conclusión están totalmente invisibilizadas. Teniendo en cuenta que la población de Bellavista - Bojayá no había retornado, unos pocos que se encontraban en la localidad de Vigía del Fuerte - Antioquia, fueron los que participaron en los proyectos productivos, los cuales constaron de un Kit de herramientas, unas gallinas las cuales en su mayoría se murieron porque tenían el pico mocho y solo podían comer concentrado, el cual no existe en el pueblo, unas semillas de maíz, plátano y yuca que tampoco dieron resultado porque no germinaron debido a las condiciones de la zona. Sobre este punto es necesario destacar que previamente se había advertido a las autoridades que los animales y semillas que quisieran introducir en la zona debían tener las características aptas para el medio, pero por desconocer estos planteamientos de la comunidad los proyectos fracasaron. Los retornos organizados por la comunidad, la COCOMACIA y la Diócesis de Quibdó con un limitado apoyo económico de la Red de Solidaridad Social - Chocó, para el transporte y la alimentación durante el viaje, carecieron por esta última de las condiciones para lograr el restablecimiento socioeconómico de la población. Sabemos que el retorno es voluntario. Pero en Quibdó existen aproximadamente 56 familias de nuestra comunidad que todavía no están en condiciones de retornar. La Red de Solidaridad Social, Seccional Chocó los está desconociendo como desplazados sin haber generado las condiciones para su restablecimiento socioeconómico. Es más, en una nota fechada el 7 de enero de 2004, ésta institución los trata de impostores, optimistas inescrupulosos y usurpadores. Nos sentimos inconformes por el incumplimiento del pliego de peticiones como ya lo hemos expresado en el documento: \"No es corrinche, es nuestra \"regular\" realidad\", presentado en la audiencia defensorial del 1 de mayo de 2003. Hasta la presente no hemos visto avances significativos. PETICIONES • Que la Corte Constitucional, a través de la Ley 70 de 1993, reconozca como grupo a los familiares de víctimas para dar cumplimiento a las demandas instauradas en Acción de Grupo. • Que la Fiscalía acelere el proceso de identificación de las víctimas. • Que el Estado reconozca su responsabilidad en los hechos y preste la atención y la ayuda necesaria a los heridos, discapacitados físicos, psicológicos y demás personas afectadas por los mencionados hechos. • Que el gobierno nacional genere las condiciones necesarias para lograr el restablecimiento socioeconómico de todos los afectados por la tragedia. Bellavista - Bojayá, 20 de enero de 2004 Hasta la fecha siguen ­­­­263 firmas de los familiares de víctimas y de la comunidad de Bellavista -------------------------------------------------------------------------------- COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA ¡ ACCIÓN URGENTE! El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato “COCOMACIA” hace un llamado a la opinión pública en general y en especial a la Defensoría del Pueblo, la Red de Solidaridad Social y al Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada por lo siguiente: • Es de conocimiento público el genocidio ocurrido en Bojayá el 2 de mayo de 2002 y el posterior desplazamiento masivo como consecuencia de estos hechos. • Muchas personas quedaron mutiladas y con problemas psicológicos que hasta hoy no han podido superar. • Después de muchas dificultades sufridas por estas personas desplazadas muchas retornaron y otras se encuentran todavía en situación de desplazamiento. • En su momento la Defensoría del Pueblo presentó una acción de grupo con el objetivo de obtener la indemnización para las victimas de esta masacre, pero el Consejo de Estado determinó que el procedimiento no era el de acción de grupo sino el de reparación directa. • Esta acción de reparación directa según la ley tiene como fecha de prescripción o vencimiento dos años, desde el momento que ocurrieron los hechos, lo que significa que el 30 de abril del presente año se vence este termino y quedaran las victimas de Bojayá sin reparación e indemnización y solo con el doloroso recuerdo. • Cuando ocurrieron los dolorosos hechos del Nogal el gobierno antes de dos meses inició a indemnizar a las victimas, la gente de Bojayá va a cumplir dos años y están a punto de perder el derecho a que se les pueda indemnizar. • Exigimos a las instituciones responsables avocar de inmediato la solución a esta situación y en especial a la Defensoría del Pueblo de presentar la demanda de reparación directa y así evitar que se venzan los términos y estas personas pierdan el derecho que les asiste. • Solicitamos a los organismos internacionales Gubernamentales y no Gubernamentales dirigir carta a la presidencia de la república la defensoría del pueblo para exigir el derecho que tienen las victimas de Bojayá como seres humanos y como colombianos y que están amparados por la Constitución y la ley. Quibdó, enero 28 de 2004 CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO “COCOMACIA”