Las tres campañas que en la actualidad trabajan en España sobre deuda externa: “¿Quién debe a quién?”, (entorno del Foro Social), “Corta con la deuda” (Intermon-Oxam) y “Sin duda. Sin deuda” (Caritas y otros organismos católicos) están presentando conjuntamente -¡un buen ejemplo de funcionamiento de la sociedad civil!- sus enmiendas a la Ley de Deuda Externa que actualmente se encuentra en el Senado. La Alianza Española contra la Pobreza (promotora de la campaña Pobreza Cero) apoya la iniciativa.
COMUNICADO CONJUNTO
El pasado 22 de junio el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa con los votos favorables del PSOE, PP, CiU, PNV y CC, la abstención del Grupo Mixto y los votos contrarios de ERC e IU-ICV. Actualmente el texto de la Ley está en trámite en el Senado para su ratificación durante este otoño. Aunque el texto que se aprobó en el Congreso incluye algunas de las demandas hechas por la sociedad civil como el compromiso -que no obligatoriedad- para empezar a desvincular las conversiones de deuda a los intereses comerciales españoles (de manera que se permita la participación de actores locales), o la regulación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (uno de los dos mecanismos de generación de deuda), así como un compromiso de cancelación de la deuda para los países que están dentro de la iniciativa HIPC (iniciativa internacional para el alivio de la deuda de los países empobrecidos y altamente endeudados), consideramos que dicha Ley sigue contemplando excesivos principios de corte económico -inspirados desde los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria y Comercio- para una Ley que pretende luchar contra la Pobreza y trabajar a favor de los Derechos Humanos.
El documento que figura a continuación es fruto del consenso de las tres campañas que en la actualidad trabajan en España sobre deuda externa: “Quien debe a quien”, “Corta con la deuda” y “Sin duda. Sin deuda”.
La ley, que recoge parte de las demandas de la sociedad civil, debe continuar avanzando de cara a romper líneas continuistas con las anteriores políticas de gestión de deuda llevadas a cabo por los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria y Comercio que anteponían criterios económicos (disciplina macroeconómica, estabilidad financiera y cumplimiento de las obligaciones contractuales) a criterios sociales que puedan favorecer el desarrollo integral de los pueblos endeudados.
Desde la sociedad civil exigimos que, a fin de conseguir que sea una herramienta eficaz orientada a la lucha contra la pobreza, en su articulado se incluyan aspectos tan importantes como:
– LA REVISION, REFORMULACION Y/O REGULACION DEL SEGUNDO MECANISMO GENERADOR DE LA DEUDA EXTERNA, LOS FALLIDOS CUBIERTOS POR LA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION – CESCE, RESPONSABLE DEL 48% DE LA DEUDA.
El actual texto de la Ley tan sólo se recoge un compromiso para que el Gobierno presente un Proyecto de Ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo – FAD (que ostenta el 52% restante). Esperamos que en el proceso de elaboración y discusión de dicha Ley se permita la participación de la sociedad civil que lleva años reclamando la regulación de los FAD.
– EL RECONOCIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN/AUDITORÍA: la Ley debe recoger explícitamente el principio de corresponsabilidad entre acreedores y deudores, por cuanto hay un intercambio económico, promovido por el Gobierno español, con claras implicaciones sociales, monetarias y ambientales hacia los países endeudados. De la misma manera se deben incluir mecanismos de evaluación y/o de auditorias del proceso de generación de la deuda en el pasado, que podrían vislumbrar deudas ilegítimas, así como mecanismos de prevención de nuevos impactos negativos sobre la población y medio ambiente de la nueva deuda que se genere.
-LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CANCELACION DE LA DEUDA EXTERNA NO DEBEN DE CONTABILIZARSE COMO AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO, como ya han hecho países de nuestro entorno, como Noruega. Especialmente preocupante resultaría el hecho de no recoger de manera clara en el articulado final de la Ley, el planteamiento de desligar completamente la gestión de los recursos liberados de cualquier interés económico o comercial, y vincularlos directamente a la reducción de la pobreza y las desigualdades. De no ser así, la combinación de estos dos elementos podría dar lugar a situaciones en las que fondos contabilizados como Ayuda Oficial al Desarrollo terminasen en manos de empresas españolas, lo cual resultaría absolutamente inaceptable.
-COMPROMISO FIRME PARA CANCELAR TODA LA DEUDA (FAD y CESCE) MÁS ALLÁ DE LA INICIATIVA HIPC. La Ley de deuda debe incluir un compromiso de cancelación de deuda que agote el marco internacional existente y medidas iniciales de cancelación del 100% de la deuda externa bilateral de todos los países que en este momento necesitan la cancelación de sus deudas para poder financiar el logro de los ODM. Por tanto estas medidas deben incluir a África Subsahariana, los Países Menos Adelantados y Países Pobres Altamente Endeudados.
-REFERENTE A LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, en la Exposición de Motivos de la Ley se ha reflejado la creación de un subcomité dependiente del Consejo de Cooperación, que se sumará a los Comités actualmente existentes. El siguiente avance debe ser fijar en el articulado de la Ley las funciones ejecutivas y/o vinculantes de la participación de la sociedad civil tanto del Norte como del Sur, de manera que se acepte su participación tanto en las negociaciones como en la ejecución de los acuerdos relacionados con la gestión de la deuda.
Desde las distintas campañas que estamos trabajando de manera coordinada para la Abolición de la Deuda Externa queremos manifestar insistentemente que aún estamos a tiempo de mejorar el texto de la Ley. Para ello los grupos parlamentarios deberían prolongar el periodo de debate parlamentario en el Senado, darlo a conocer públicamente y profundizar el diálogo con la sociedad civil antes de su aprobación final en sede parlamentaria.
Consideramos que todos estos aspectos deben tenerse en cuenta en la Ley. De la misma manera, creemos que las cuestiones expuestas son plenamente asumibles por el Estado español. Las políticas de gestión de la deuda externa siguen siendo para el Gobierno español una buena estrategia para internacionalizar la empresa española e hinchar de manera artificial las cifras de Ayuda Oficial al Desarrollo. El acuerdo sobre esta nueva ley demostrará si existe un “doble rasero” en la política de cooperación del Gobierno socialista, si dicha política está subordinada a las órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda o, si por el contrario, pretende luchar contra las verdaderas causas de la pobreza.
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Extraido de Atrio
