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Ruanda: el fin de la impunidad

Iranzu Orbara - Umoya -
El 6 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andréu, ha firmado el auto de procesamiento de 40 altos mandos militares ruandeses, acusados de crímenes, entre ellos el asesinato de 9 españoles – misioneros y cooperantes-, cometidos tanto en Ruanda como en R D Congo. Es una buena noticia, porque significa el fin del “privilegio de la impunidad” del que han gozado hasta ahora dirigentes ruandeses en el poder.

Efectivamente, toda la máquina judicial ruandesa e internacional ha tratado de juzgar y condenar a los responsables del genocidio de los tutsi de 1994, en el que fueron asesinadas 800.000 personas. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, instalado en Arusha (Tanzania) es el encargado de juzgar a las personalidades políticas y militares hutu consideradas máximos responsables de esta tragedia. En Ruanda, además de los procesos en los tribunales ordinarios, se han organizado unos 20.000 tribunales populares, ante los que han comparecido más de 800.000 hutu, acusados de haber participado en el exterminio de los tutsi. Al margen de otro tipo de consideraciones, como la falta de garantías de un juicio justo y equitativo, se trata de la justicia de los vencedores.

El mandato del Consejo de Seguridad por el que se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), incluía la persecución de todos los crímenes cometidos en el año 1994 tanto por los extremistas hutu, como por el Frente Patriótico Ruandés (FPR) durante su ocupación militar del país y tras su instalación en el poder. Crímenes estos últimos, ocultados a pesar de las evidencias, por lo que cualquier intento de perseguir judicialmente a los responsables ha sido abortado. Cuando la Fiscal del TPIR, Carla Del Ponte, decidió investigar e inculparlos, fue apartada de su cargo por presiones de EEUU y Reino Unido. El actual Fiscal, Hassan Babacar Jallow, no muestra gran interés en abrir el dossier FPR. Todo indica que la comunidad internacional, dominada por un complejo de culpa al no haber impedido el genocidio tutsi, otorgó al régimen actual ruandés licencia para la venganza, para matar. Ha funcionado con eficacia un “convenio del silencio”.

El auto de procesamiento dictado por el juez español rompe con el “convenio del silencio” y con el “privilegio de la impunidad”. En 2005, el abogado Jordi Palou-Loverdos, actuando en representación de diversas personalidades y organizaciones y de los familiares de 9 españoles asesinados, presentó la querella que ha dado pie a la decisión del juez Andréu.

La relación pormenorizada de hechos comienza con la afirmación de que “se desprenden indicios racionales y fundados de que a partir de octubre de 1990, un grupo (el FPR) de estructura político-militar (…) inició una serie de actividades de carácter criminal (…) y una vez en el poder “creó y desarrolló una estructura criminal paralela al Estado(…), invadió la R D Congo, “produciendo masacres indiscriminadas y actos de pillaje”.

Luego, el juez detalla con concreción de cifras, fechas, circunstancias, nombres etc., tanto el organigrama y funcionamiento del poder criminal como sus innumerables fechorías. Destacan, además del asesinato de los 9 españoles, los actos terroristas; las operaciones de limpieza étnica en la zonas conquistadas; la masacre de miles de hutu en los campos de desplazados, el encarcelamiento masivo de hutu; la persecución implacable de los refugiados hutu en Zaïre y el exterminio de más de 200.000. A este respecto, el auto constata que el ACNUR, organismo protector de los refugiados, recompensó con 10 $ por cada refugiado ruandés entregado, lo que produjo una auténtica caza del mismo y el personal del ACNUR fue utilizado por los soldados ruandeses para localizar y eliminar a los fugitivos.

Lo que vincula a todos los españoles asesinados es el hecho de que eran testigos incómodos de los desmanes del FPR. Ese fue su delito y lo pagaron con su vida. El religioso P. Vallmajó “desapareció” en abril de 1994 en Byumba, donde tres días antes fueron masacradas 2.500 personas agrupadas ex profeso en el estadio. Vallmajó lo sabía. Isidro Uzcudun, asesinado en junio del año 2000, era testigo de que en su parroquia de Mugina, el FPR había asesinado a 1.325 personas. El delito de los 4 Hermanos Maristas asesinados octubre de 1996 en RDCongo fue que reclamaban una intervención internacional que evitara el exterminio de los refugiados. Los 3 cooperantes de Médicos del Mundo cometieron la imprudencia de descubrir, en enero de 1997, unas fosas repletas de cadáveres y constatar que el FPR realizaba masacres de civiles en Ruhengeri. Vieron lo que no debían haber visto.

De las 23 declaraciones testificales, 12 corresponden a ruandeses, tutsi y hutu, la mayoría ex-miembros o colaboradores del FPR. Como testigos oculares o por conocimiento directo o indirecto describen con gran precisión los hechos criminales e identifican a los responsables de los mismos. La lectura de sus declaraciones produce escalofríos: existencia de grupos especializados en el arte de matar; las operaciones de carga de muertos, de enterramiento en fosas comunes, de incineración de cadáveres, de borrado de huellas; el agrupamiento de las víctimas, convocadas a reuniones con el señuelo de la distribución de alimentos; toda una serie de atrocidades. Por su significado, es relevante la declaración del Ministro de Exteriores en el primer gobierno FPR, el Sr. Ndagijimana. Declara haber conocido el Informe Gersony, realizado a instancias de la ONU tras la toma del poder por el FPR, en el que “se puso de manifiesto que en sólo 3 Prefecturas de Ruanda (…) y en sólo 2 meses (…), se había registrado ejecuciones selectivas o matanzas sistemáticas contra al menos 30.000 personas pertenecientes a la etnia hutu por parte del APR/FPR. (…) El Informe Gersony fue embargado y nunca vio la luz”.

El juez decreta prisión provisional a los 40 procesados, señalando que el actual Presidente de Ruanda, Paul Kagame, “mientras no cese de tal cargo, la inmunidad que le ampara impedirá su procesamiento”.

El futuro de Ruanda y de todos los ruandeses pasa por la paz y la reconciliación. Tarea indispensable y posible. La búsqueda y esclarecimiento de la verdad, la justicia y la lucha contra toda impunidad, son el requisito ineludible. Por eso, el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andréu es una buena noticia.

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