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Colombia : crisis humanitaria y erosión del estado de derecho

Fundación PROCLADE -

La situación de Colombia en el plano internacional y sobre todo en Europa ha sido mediatizada notablemente por la situación de la retención y posterior liberación de la ex -candidata a la presidencia Ingrid Betancourt. Situación que es delicada para quienes siguen retenidos y que nos preocupa a quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Acciones que la sociedad Colombiana ha continuado para buscar la liberación de los retenidos y el acuerdo Humanitario, como se expresa en la carta dirigida a las FARC- EP

El gobierno colombiano ha venido librando una guerra frontal con las guerrillas de las FARC y el ELN; esta guerra se viene desarrollando desde la aplicación de la política de seguridad democrática del actual presidente Álvaro Uribe Vélez. Una de las situaciones que nos llama la atención y que nos preocupa enormemente es que dicha política afecta gravemente y no garantiza las libertades, y los derechos de los ciudadanos ya que se criminaliza y se estigmatiza de terroristas a todos aquellos que exigen el respeto a sus derechos, a la oposición política, a quienes denuncian la violación de los derechos humanos cuya responsabilidad recae sobre miembros del Estado.

En el desarrollo de la política de seguridad democrática y su lucha contra las guerrillas, el ejército colombiano viene asesinando a campesinos o pobladores urbanos para posteriormente presentarlos como guerrilleros muertos en combate a esto se le ha llamado “falsos positivos Esta situación se ha venido evidenciado porque el número de victimas cada día es mayor.

Se evidencia que la lucha contra insurgente del Estado no está dirigida contra las guerrillas sino contra la población civil, logrando así un control social a partir del terror y la violencia, de manera que los campesinos siguen siendo víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales.

Durante los últimos años y sobre todo en los últimos meses hemos asistido a la deslegitimación publica de toda oposición política y social, de labios del mismo presidente. Sin pruebas y sin derecho a la defensa, éste ha acusado delante de los medios de comunicación de ser terroristas a defensores de derechos humanos, líderes campesinos, educadores, periodistas, sindicalistas, militantes de partidos políticos de oposición. Estas falsas acusaciones han tenido su efecto dentro de la lógica del control paramilitar existente en Colombia, como sucede por estos días en que los indígenas del Cauca han salido a reclamar su derecho a la tierra. La respuesta del gobierno ha sido la de decir que esa es una marcha de la guerrilla.

Los grupos paramilitares, que supuestamente se desmovilizaron, son responsables en lo que va corrido de este año (octubre de 2008) del asesinato de más de 24 sindicalistas. La cifra se ha elevado en un 300% con respecto al año pasado. En un informe reciente, tres expertos de Naciones Unidas expresaron profunda preocupación por la violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia. En su comunicado, señalaron el agravamiento en los últimos meses de la situación de estas personas, refiriéndose especialmente a los asesinatos, el hostigamiento y la intimidación de activistas de la sociedad civil, dirigentes sindicales y abogados.

Los grupos paramilitares, solos o con la complicidad de las fuerzas militares, son responsables de más de 15.000 desaparecidos, han asesinado más de 1.700 indígenas, 2.500 sindicalistas y cerca de 5.000 miembros de la extinguida Unión Patriótica, y son responsables de la existencia de más de 3.000 fosas comunes y de muchos cadáveres arrojados a los ríos. Entre 1982 y 2005, los paramilitares han perpetrado no menos de 3.500 masacres y han robado más de 6 millones de hectáreas de tierra. Desde el año 2002, luego de su supuesta desmovilización, han asesinado a cerca de 600 personas cada año. Lograron controlar el 35% del Congreso nacional y numerosos para-políticos [1] continúan ejerciendo cargos públicos o diplomáticos. Hoy son 63 congresistas vinculados en estas investigaciones, 31 están encarcelados actualmente. El más reciente Mario Uribe, primo del presidente de la República, se atrevió a pedir asilo político a Costa Rica para evadir su responsabilidad y la vinculación a esta investigación de la actual presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez. http://www.justiciaypazencolombia.org/spip.php?article177

Con estas cifras podemos dimensionar las consecuencias de las acusaciones públicas que el ejecutivo y asesores presidenciales han hecho sobre quienes han venido exigiendo en Colombia la reconstrucción de un Estado de derecho que garanticé las libertades de los ciudadanos.

Esta preocupación es manifestada también por la comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en su más reciente informe advierte sobre “la persistencia de situaciones coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Esta afirmación se sustenta en la visión panorámica que sobre Colombia realiza el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En sus cinco apartados, la Comisión resalta aspectos de preocupación sobre el proceso de “desmovilización”, la aplicación de la ley 975 para la “justicia y la paz”, la ausencia de garantías para las víctimas, las violaciones de derechos humanos que indican la responsabilidad directa del Estado, la situación de las comunidades indígenas, afrocolombianas, de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La CIDH observa que, pese a las iniciativas estatales por la “pacificación” en Colombia, “las manifestaciones de violencia perviven junto a los esfuerzos desplegados a fin de desmovilizar a los grupos armados al margen de la ley, y los intentos por administrar justicia, los cuales deben demostrar resultado en términos de efectividad, reparación integral y remoción de los factores de violencia”.

La situación actual manifiesta no solamente una grave crisis humanitaria en la que están sumergidos casi 4 millones de desplazados. Colombia es el segundo país en crisis humanitaria y desplazamiento después de Sudán y otros millones de colombianos viven en la extrema pobreza. Además, esta situación evidencia la erosión del Estado de derecho, así como la profunda crisis institucional. Se puede ver con claridad cómo los vínculos del ejecutivo y el legislativo con la mafia del narcotráfico han logrado instaurar en Colombia un modelo paramilitar que controla no sólo militarmente, sino que se ha apoderado de la conducción política del país. http://www.justiciaypazencolombia.org/spip.php?article172

Expresiones y voces de la comunidad internacional, como El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, han manifestado su preocupación frente a la actual situación que vive Colombia, y en concreto frente la manifestación que vienen haciendo los indígenas en el Departamento del Cauca. En una carta dirigida al Presidente de la República, afirma: “Cuando participé hace unos meses en el Tribunal de los Pueblos en su país, pude tomar contacto con la terrible situación de violencia e intimidación que sufre gran parte de los luchadores sociales y las diferentes comunidades indígenas.” (Ver carta completa).

La situación colombiana es bastante delicada, distintos sectores de la sociedad han salido a las calles a exigir el respeto a la vida, mejores condiciones de vida, el conflicto social se agudiza, los trabajadores del sector judicial reclaman mejores condiciones laborales y sobre todo, independencia y autonomía para ejercer su labor ya que el poder ejecutivo los condiciona a través del manejo presupuestal, los trabajadores de la caña de azúcar exigen condiciones dignas para su trabajo, seguridad social adecuada y estabilidad laboral, pero la respuesta siempre ha sido la misma, militarización y represión. http://www.justiciaypazencolombia.org/spip.php?article189

El asesinato de indígenas y de líderes de comunidades afrocolombianas que han denunciado cómo la violencia paramilitar ha estado asociada a la implantación de proyectos agroindustriales como la palma aceitera para la producción de agrocaburantes y la construcción de grandes autopistas en territorios ancestrales de estas comunidades siguen en la total impunidad, como sucedió el pasado 10 de octubre en la Zona Humanitaria de Caño Manso, Curvarado, en donde fue asesinado Walberto Hoyos. http://www.justiciaypazencolombia.org/spip.php?article185

En estos últimos días han sido asesinados tres indígenas que participaban en una manifestación pacifica

En ese clima de represión y persecución el pueblo colombiano, las víctimas de crímenes de Estado, las zonas humanitarias, los sindicatos los defensores de derechos humanos, los movimientos indígenas y campesinos han logrado construir propuestas que luchan contra la impunidad, en construcción de la justicia, la verdad y la reparación integral , como por ejemplo la constitución de una Comisión Ética Internacional [2] para Colombia que acompañe a estas comunidades y grupos a salvaguardar la memoria de los crímenes para que cuando se den las condiciones se pueda hacer un juzgamiento y condena a los responsables de crímenes de Estado en Colombia.

Henry Ramírez Soler cmf, Defensor de derechos humanos

Estudiante de Master II en sociología EHESS, Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, Paris - Francia

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