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ARGENTINA - Disensos sobre el conflicto agrario

Daniel E. Benadava -
Desde el 11 de marzo existen numerosos disensos en torno al conflicto agrario argentino que, aún hoy en día, continúan vigentes.

Divergencia jurídica

El pasado 11 de marzo, haciendo uso de las facultades que le otorga el Código Aduanero Argentino sancionado durante la última dictadura militar, el Poder Ejecutivo Argentino emitió la Resolución N 125 a través de la cual estableció un mecanismo de “retenciones móviles” según el cual el Estado le cobrará a los exportadores agropecuarios -cuando vendan sus productos en el exterior- una alícuota móvil que se calculará de acuerdo a la variación de las cotizaciones internacionales. Así por ejemplo, mientas que antes del 11 de marzo quién vendía soja al exterior pagaba una alícuota fija del 35% en concepto de retenciones, en la actualidad debe abonar (aproximadamente) una alícuota del 46%.

Ahora bien, muchos constitucionalistas afirman que estando vigente la Constitución Argentina, la cual fue recientemente reformada por los representantes del pueblo argentino, constituye una tarea exclusiva del Congreso de la Nación Argentina imponer o decretar los derechos de exportación (que comúnmente son denominados retenciones) -artículo 4-; fijar las tarifas que rigen en las diferentes aduanas el país -artículo 9-; y legislar en materia aduanera, es decir, establecer los derechos de importación y exportación -artículo 75-.

En este sentido, y frente a un amparo presentado por un productor agropecuario de la Provincia de Buenos Aires contra las “retenciones móviles”, a principios de junio la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland, sentenció que “la reserva constitucional de ley formal para la imposición de tributos es absoluta y no deja resquicio alguno para dispensar la intervención del Congreso... Ni un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y, menos aún, una resolución del Ministerio de Economía y Producción pueden, sin sustento legal, crear ni modificar válidamente los elementos esenciales de una carga tributaria”.

Así mismo, semanas atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina aceptó tratar la demanda presentada por representantes de la provincia de San Luis, contra el Estado Argentino, en la que se sostiene que la Resolución 125 es inconstitucional. Según lo expresó la Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Carmen Argibay, la “La Corte ya ha dicho en muchos casos que cuando un impuesto supera el 33 por ciento es confiscatorio -pero- hay que discutir si las retenciones son impuestos... Si son impuestos, debe resolverlo el Congreso y no se puede hacer por decreto”.

Para zanjar esta discusión, e intentando hallar una posible solución al conflicto agrario que se desarrolla en la Argentina desde hace mas 100 días, Cristina Kirchner envió “al Parlamento de la Nación un proyecto de ley -para que sea debatida la Resolución N 125- porque, si no les basta con esta Presidenta que hace 6 meses obtuvo el 46% de los votos y en uso de sus facultades por la distribución del ingreso, para que en el parlamento trate esta medida”.

Discrepancia ideológica

El pasado 9 de junio la presidenta argentina, Cristina Kirchner, firmó el Decreto 904/2008 a través del cual anunció la creación de un “Programa de Redistribución Social solventado por aportes que igualen a los montos que superen el nivel del 35% -de retenciones- dispuesto a fines de 2007” que se destinarán “a hospitales públicos un 60%..., a viviendas populares un 20% y el resto a construcción, mejora o mantenimiento de caminos rurales”.

Muchas organizaciones sociales tomaron con entusiasmo el mencionado anuncio y, por ejemplo, semanas atrás las Madres de Plaza de Mayo representadas por Hebe de Bonafini sostuvieron “con las retenciones vamos construir miles y miles de viviendas en distintos lugares de la república Argentina... los que hoy están en las rutas son los hijos y nietos de los Martínez de Hoz que quieren poner palos en las ruedas y no les interesa que se redistribuya la riqueza del país, -quieren- producir un sentimiento golpista y fomentar la anarquía y la confrontación”.

Ahora bien, recientemente Mario Cafiero y Javier Llorens realizaron un estudio en el que demostraron que “hacia fines del año pasado, al compás de que la soja llegaba a su máximo nivel de precios históricos, los exportadores presentaron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior -DJVE- por volúmenes desproporcionados con el objeto de congelar las retenciones a pagar”. Según el mismo informe, finalizando el 2007 “los exportadores contaron con información privilegiada que se iban a aumentar las retenciones, como efectivamente sucedió con la Resolución 389 del 11/9/2007 -a través de la cual se elevaron las retenciones del 27,5% al 35%- y, en función de ello, anticiparon DJVE ficticias por cifras absolutamente desproporcionadas en relación a los niveles históricos”. Por estos motivos, Cafiero y Llorens concluyeron que “las retenciones móviles serían una falacia, o sea un engaño, fraude o mentira” ya que “no habrá este año ni tal vez nunca, ningún excedente recaudatorio por retenciones por sobre el 35 % ... que pueda ser aplicado a programas redistributivos sociales, como anunció recientemente el gobierno” ya que, a pesar de estar vigente la Resolución N 125, las grandes exportadoras continúan vendiendo al exterior abonando retenciones por debajo del 35%.

Por su parte, la representante del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Vilma Ripoll, sostuvo que la Resolución N 125 “lleva a miles de pequeños productores a la ruina y favorece a los grandes -monopolios exportadores y los pool de siembras-, que se quedan con más tierras y más ganancias. Proponemos retenciones diferenciadas, regionalizadas y coparticipables. Y también poner más retenciones a los grandes, impuestos progresivos a la ganancia, impulsar la reforma agraria y nacionalizar el comercio exterior”.

Así mismo, el Partido Comunista afirmó que “respalda a los pequeños y medianos productores y sus organizaciones representativas, en sus reclamos de retenciones diferenciadas y mínimas para los pequeños y medianos productores; apoya a los sectores postergados de las economías regionales; -y plantea la necesidad de establecer una- nueva Ley de Arrendamiento que frene la concentración y extranjerización de la tierra”.

Por otro lado, el Partido Socialista planteó que “debe avanzarse hacia un esquema de retenciones diferenciales y progresivas, que reconozca las asimetrías existentes entre los grandes pools de siembra y fideicomisos financieros y los pequeños y medianos productores, resguardándose al mismo tiempo el consumo interno, especialmente de los sectores de menores ingresos”.

Por último, y a pesar de que en numerosos actos oficiales suele verse la imagen de Ernesto Guevara, muchos argentinos consideran que Cristina Kirchner -que se autodefine como “popular y progresista”- en poco se parece a Guevara ya que él, a diferencia de la política agropecuaria que implementó la presidenta argentina, hace aproximadamente 50 años protagonizó una reforma agraria “que tomó la tierra del que tenía mucho, y se la dio al que estaba asalariado en esa tierra, o la distribuyó en cooperativas entre otros grupos de personas que no tenían ni siquiera tierras donde trabajar”.

Disenso cristiano

El ex sacerdote vinculado con la Teología de la Liberación, Rubén Dri, recientemente sostuvo que “los pequeños productores están... en el Frente Nacional Campesino... Hoy hay con claridad dos bloques... El bloque de la derecha... su triunfo sería el triunfo del neoliberalismo con todo lo peor de su negra historia... Las múltiples contradicciones del otro bloque -del gobierno-, especialmente la no ruptura de la estructura neoliberal… hacen que no sea fácil acompañarlo en esta lucha. Pero no hay opciones. Si el golpe de derecha triunfa habremos retrocedido trágicamente”.

Ahora bien, muchos cristianos consideran que si bien no se debe acompañar a los grupos de derecha que participan en el conflicto agrario tampoco se debe estar cerca del gobierno ya que ambos sectores, como el mismo Dri lo reconoce, mantienen una estrecha relación con la ideología neoliberal que, según lo afirmó Pablo VI, “considera la prosperidad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como generador de `el imperialismo internacional del dinero’”.

Así mismo son numerosos los cristianos que, realizando -al igual que Dri- una opción preferencial por los mas pobres, creen que el gobierno argentino no podrá satisfacer las demandas realizadas por el Frente Nacional Campesino que, representando a 200 mil productores agropecuarios, está “a favor de una amplia e integral reforma agraria; y de las retenciones pagadas por las grandes corporaciones y exportadoras (que ganan fortunas incalculables en este negocio que es la soja) y no por los productores”.

En efecto muchos sostienen que las políticas del gobierno argentino, por un lado, no mejoran la situación de los campesinos que, como lo sostuvo el Episcopado Latinoamericano, “en su mayoría sufren a causa de la pobreza agravada por no tener acceso a la tierra propia”; y, por otro lado, no promueven una reforma agraria que, tal como se afirmó en el Concilio Vaticano II, tienda a repartir las propiedades rurales (que en no pocas ocasiones se encuentran concentradas en unas pocas manos) entre los campesinos que carecen de tierras o poseen sólo parcelas irrisorias, viven en la mas absoluta inseguridad y reciben salarios o beneficios indignos del hombre.

Por estas razones son numerosos los cristianos que, estando prevenidos de no seguir a “falsos profetas, que vienen... con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”, sostienen que no hay que acompañar al gobierno argentino ya que sus integrantes lejos están de implementar políticas eficaces para beneficiar a los campesinos en quienes, como lo planteó el Episcopado Latinoamericano, se puede reconocer los rasgos sufrientes del Señor, que en muchas ocasiones están privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan.

Daniel E. Benadava
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