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Argentina: Conflicto agrario sin reforma

Daniel E. Benadava -
    En el transcurso del mes de marzo la República Argentina se encontró sumergida en un conflicto rural que, por los diferentes actores e intereses que en él intervinieron, resulta difícil de comprender.

Nuevas retenciones, viejos descontentos.

En líneas generales puede decirse que las retenciones rurales, que son calculadas sobre el precio internacional de los productos agrícolas - ganaderos, constituyen un impuesto que recauda el Estado argentino a través del cual el gobierno, por un lado, regula el precio local de los productos agrarios -ya que de otra manera estarían a nivel internacional-; y, por otro lado, -en forma teórica-  realiza obras públicas, paga jubilaciones y pensiones, otorga subsidios, etc.

Ahora bien, el pasado 11 de marzo el Ministro de Economía y Producción de la Argentina, Martín Losteau, anunció la puesta en marcha de una política de retenciones móviles que -como máximo- provocaría una suba de las retenciones  que se realizan sobre la soja -del 35 al 44,1%- y del girasol -del 32 al 39%-;  y una baja sobre las retenciones que se aplican al trigo -del 28 al 27,2%- y al maíz -del 25 al 24,2%-.

Estas medidas provocaron un gran descontento en la población argentina ya que muchos sostienen que, tal como lo expuso claramente Adolfo Pérez Esquivel, el gobierno se “equivocó al poner las retenciones por igual y no diferenciar a los pequeños y medianos productores rurales, que son la mayoría ... se equivocó al juzgarlos con la misma vara con que mide a las grandes corporaciones y terratenientes que tienen ganancias exorbitantes que sacan del país y que no están dispuesto a la re-distribución de la riqueza”.

Por su parte, también los pequeños, medianos y grandes productores rurales argentinos rechazaron, unánimemente, la suba en las retenciones puesta en marcha por el ministro de economía argentino, y suspendieron la comercialización de los bienes que ellos producen y, por ende, provocaron que en la mayor parte de la Argentina exista desabastecimiento de alimentos.

Ante esta situación de creciente conflicto y malestar, el pasado 31 de marzo Martín Losteau anunció nuevas medidas entre las que se encontraban, por ejemplo, el reintegro automático de retenciones para pequeños y medianos productores, cuestión que posibilitará que se les devuelvan -vía banco- la diferencia que surge entre la nueva retención que se les cobrará y aquella del 35% que se les cobraba con anterioridad al 11 de marzo;  compensación para el pago del flete para aquellos pequeños y medianos productores que, al encontrarse en el norte argentino, tienen enormes gastos para trasladar los productos rurales que ellos elaboran hasta los puertos del país;  compensaciones para los productores de leche, etc.

Luego de haber sido anunciadas estas medidas, el pasado dos de abril los productores rurales argentinos decidieron, por un lapso de un mes, levantar las medidas de fuerza que mantuvieron durante 21 días.  A pesar de este hecho, el sector agrario argentino continúa estando disconforme con las políticas gubernamentales de  su país ya que sostienen que las mismas, por ejemplo,  no contemplan que los insumos que son necesarios para trabajar el campo aumentaron en los últimos años -aproximadamente- un 300%;  y, así mismo, son demasiado “engorrosas” para los pequeños y medianos productores ya que, en vez de dejarles a ellos las retenciones tal como se encontraban antes del 11 de marzo, se los “condena” a realizar complejos trámites burocráticos -que aún no han sido explicitados- para cobrar los prometidos reintegros.

Gobierno, terratenientes y pobreza rural.

Semanas atrás la presidenta argentina, Cristina Kirchner, públicamente le preguntó a los ciudadanos de su país: “¿Queremos volver a un país de unos poquitos o queremos un país con mayor distribución del ingreso, un país más justo?”.  

Ahora bien, son muchos los analistas que sostienen que, a lo largo de los siglos, la mayor parte del campo argentino nunca ha dejado de estar en manos de unos pocos que, casi siempre en convivencia con los gobiernos de turno, concentran la riqueza rural en desmedro de la mayoría de la población.

En efecto, haciendo un breve análisis retrospectivo puede decirse, por ejemplo, que en las primeras décadas del S XX,  como bien lo planteó Eva Perón el 17 de octubre de 1950, en el campo argentino se podían encontrar “las murallas de los trusts y de los monopolios, transformando en una condena a trabajos forzados las tareas agropecuarias del pueblo trabajador. Allí, bajo el dominio de hierro de la oligarquía terrateniente y de los monopolistas, los trabajadores del agro estaban atados a la coyunda del semifeudalismo más cínico y más expoliador”.

En estos tiempos, lamentablemente, las cosas no han cambiado demasiado en el campo argentino ya que, como lo expresó Cristina Kirchner, por un lado “el 20 por ciento de los productores concentra el 80 por ciento de la producción y de ellos el 2,2 por ciento tiene el 46 por ciento de lo que se produce en la Argentina”;  y, por otro lado, “el peón rural es el peor pagado de la escala salarial y es el sector donde hay el mayor índice de trabajo en negro”.

Así mismo, fue el presidente de la Federación Agraria Argentina -FAA-, Eduardo Buzzi, quién sostuvo que en la actualidad existe “una alianza de este Gobierno con los grupos concentrados” razón por la cual la presidencia argentina, por un lado, distribuye el 40% de las compensaciones rurales entre cinco grandes empresas;  y, por otro lado, mantiene una estrecha relación con algunos terratenientes argentinos ya que, por ejemplo, fue el actual presidente del Grupo LOS GROBO (empresa que explota aproximadamente 110.000 hectáreas en la Argentina), Gustavo Grobocopatel, quién por un expreso pedido del ex presidente argentino Néstor Kirchner viajó el año pasado a Caracas, junto con integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina, para asesorar a los integrantes de PDVSA Agrícola sobre el uso de las cosechadoras y sembradoras que la Argentina le vendió en aquél entonces a Venezuela para que pueda autoabastecerse de alimentos.

Reforma agraria: una proclama rural y cristiana.

Ante esta crítica situación rural muchos sostienen que, mas allá de que el gobierno jamás lo plantee, resulta imprescindible que se realice en la República Argentina una reforma agraria que logre cambiar, radicalmente, la estructura de propiedad y producción de la tierra del país.

Sobre esta necesidad ya se había expresado el Episcopado argentino quién, en abril de 1956, sostuvo que “es altamente deseable que la propiedad agraria tienda a tener dimensiones familiares, con lo cual se logrará favorecer además la propiedad social y económica de todo el pueblo”.  

En concordancia con lo expuesto anteriormente fue el Episcopado Latinoamericano quién, en septiembre de 1968, planteó que era  impostergable en América Latina realizar “una auténtica y urgente reforma de las estructuras y de la política agrarias -que no se limiten a ser- una simple distribución de tierras. Es indispensable hacer una adjudicación de las mismas bajo determinadas condiciones que legitimen su ocupación y aseguren su rendimiento, tanto en beneficio de las familias campesinas, cuanto de la economía del país”.

Continuando con esta línea de pensamiento, fue en el Congreso Anual que celebró la FAA en septiembre de 2003 en donde se planteó que “la cuestión del federalismo no es un eslogan, sino que esta íntimamente ligada a la estructura de la propiedad de la tierra. El desarrollo del interior no prospera porque los dueños de la tierra están en las grandes ciudades o en el extranjero. Para un verdadero federalismo se necesita reformar la propiedad, la tenencia y uso de la tierra”.  Y, allí mismo, se propuso realizar “una reforma agraria integral con sentido nacional. La tierra para nosotros es un bien social, capaz de generar riqueza para quien la trabaja y para el conjunto de la sociedad. La tierra tiene una hipoteca social permanente por el cual no es un derecho absoluto de propiedad”.

Y, en idéntico sentido, se expresó nuevamente el Episcopado Latinoamericano quién, en mayo de 2007, sostuvo “los campesinos, en su mayoría, sufren a causa de la pobreza, agravada por no tener acceso a tierra propia. Sin embargo, existen grandes latifundios en manos de unos pocos. En algunos países, esta situación ha llevado a la población a demandar una Reforma Agraria, estando atentos a los males que puedan ocasionarles los Tratados de Libre Comercio”.

Un conflicto rural, varias incertidumbres.

El conflicto rural que se desarrolló en la República Argentina durante el pasado mes de marzo ha dejado, tanto en la sociedad como en los distintos productores rurales, mas descontentos que certezas.

En efecto, por un lado, no se logra entender con claridad porque el gobierno argentino, que se autodefine como “nacional y popular”, no aumenta solamente las retenciones a los grandes terratenientes argentinos y, por ende, deja sin efecto las medidas anunciadas el 11 de marzo para los pequeños y medianos productores.

Por otro lado, existe un gran descontento en la población argentina con el modo en que son utilizadas las retenciones ya que el gobierno argentino, lejos de coparticiparlas con las provincias del país, las utiliza de “manera discrecional” para –mayoritariamente- “disciplinar gobernadores e intendentes”;  comprar votos;  y “reclutar” adeptos que estén dispuestos a realizar cualquier acto –incluso de violencia- a favor de quienes les pagan.

Así mismo, resulta bastante contradictorio que el gobierno argentino, luego de haber “invitado” a los productores rurales a entablar un diálogo para superar las diferencias que habían mantenido durante el mes de marzo, el pasado viernes 4 de abril -a través del actual Secretario de Comercio Interior de la Argentina, Guillermo Moreno-  se haya sumado como querellante en la causa que la  “Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina”  inició el 1 de abril contra diferentes entidades agrarias por “violar las leyes de abastecimiento y de seguridad de la Nación;  impedir el normal funcionamiento del transporte, y alzarse contra el gobierno constitucional”, según lo informó el diario argentino “Crítica”.

Y, por último, en este complejo conflicto rural han quedado en idéntica situación de humillación y explotación los peones rurales argentinos.  Es por ellos que urge seguir reflexionando sobre la imperiosa necesidad de que se produzca,  en la República Argentina, una profunda reforma agraria que les brinde la propiedad de la tierra a quienes verdaderamente la trabajan de sol a sol;   y que, por ende, provoque una equitativa distribución de las  riquezas y tierras argentinas.
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