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Amazonia devastada

ADITAL, Frei Betto -

La constatación, por organismos del mismo gobierno, de que el área deforestada de la Amazonía es mayor de lo imaginado, hace salir a flote las contradicciones del ministerio nombrado por el presidente Lula. Como el gobierno no tiene un proyecto de nación -postergado en función del proyecto electoral-, el ministerio es un saco cuyos gatos no son todos pardos.

Hay quien defiende al Brasil, como la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, y hay quien prefiere proteger los intereses de la añeja élite de los latifundistas, madereros y empresarios del agronegocio, como el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes.

(JPG) En 2004 el gobierno de Planalto aprobó un Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación de la Amazonía Legal. Al año siguiente la Casa Civil admitió que dicho plan tenía más agujeros que las carreteras que atraviesan la región amazónica. Proseguía la deforestación a ritmo acelerado, sin que ninguna iniciativa se tradujera en una efectiva prohibición de la actividad depredadora de ganaderos, mineros, siderurgias y cultivadores de soya.

Entre 1990 y 2006 el área de cultivo de soya en la Amazonía se expandió al ritmo promedio del 18% anual. Y los rebaños se multiplicaron el 11% anual.

Por desgracia el gobierno está más preocupado por la repercusión de la deforestación amazónica en el exterior, que podría perjudicar las exportaciones de granos, alcohol y carne, que de la preservación de la selva, patrimonio de la humanidad.

Los satélites del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales) detectaron, entre agosto y diciembre del 2007, la tala de 3.235 km2 de selva. Es importante recordar que los satélites no contabilizan los incendios sino sólo el corte de los árboles. Por tanto no se puede echar la culpa a la sequía del segundo semestre de 2007.

Como los satélites sólo captan cerca de un 40% del área devastada, el mismo gobierno estima que 7.000 km2 han sido talados. Mato Grosso es responsable del 53.7% de ese estrago; Pará del 17.8%; y Rondonia del 16%. Del total de emisiones de carbono del Brasil el 70% procede de los incendios en la Amazonía.

¿Quién resultará castigado? Todo indica que nadie. La bancada ruralista en el Congreso cuenta con casi 200 parlamentarios, un tercio de los miembros de la Cámara de los Diputados y del Senado. Y, estando en año de elecciones, no hay ninguna señal de que los gobiernos federal y estaduales pretendan infligir cualquier castigo a los dueños de las motosierras con poder de abatir árboles y elegir ($) candidatos. Con el ojo puesto en las elecciones del 2010, el gobierno federal teme castigar a la agroindustria, que recibe gruesos subsidios de los bancos públicos y no cumple la contrapartida de preservar el 80% del área forestal.

Hasta el 2030 el Brasil corre el riesgo de perder un 21% de su cubierta forestal, según datos de la Universidad Federal de Minas Gerais y del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía. Si el ritmo actual de deforestación prosiguiera, desaparecerán del mapa 670 mil km2 de selva, área equivalente a 22 Bélgicas. Sería una pérdida inestimable de biodiversidad, aumentaría el calentamiento global y se reducirían considerablemente las lluvias entre el Uruguay y la Florida (EE.UU.).

La niña de los ojos del gobierno federal, el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), puede transformarse en villano si de hecho se abren y se pavimentan, en los años próximos, 14 mil kms de carreteras en la Amazonía sin que haya un control efectivo de la selva ni regularización de la posesión de la tierra.

Según el Ministerio del Medio Ambiente, el gobierno está dispuesto a negociar la reducción, a menos del 80%, de la reserva legal en las propiedades rurales en el área de la selva. La agroindustria presiona para que sea "flexibilizada" la ley que manda que sólo un 20% del área de una hacienda pueda ser deforestada. Según los productores, esta limitación vuelve a los hacendados económicamente inviables.

Si el gobierno de Lula quiere proteger la Amazonía debe equipar inmediatamente al Ibama y al Instituto Chico Mendes, hacer efectivo el cobro de las multas ambientales, cortar los créditos y subsidios, prohibir la exportación de productos generados por empresas que devastan la Amazonía y adoptan el trabajo esclavo, y expropiar las tierras de los reincidentes en beneficio de la reforma agraria.

En el otro extremo, les toca a los consumidores volver la espalda a los productos ofrecidos por quien promueve el ecocidio amazónico.

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