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33 años atentando contra la vida

Daniel E. Benadava -
El 24 de marzo del año 1976 las Fuerzas Armadas Argentinas -FAA- instauraron en su país un régimen dictatorial que provocó la desaparición de 30.000 personas que, según lo había definido el Teniente General Jorge Rafael Videla, no podían tener ningún tratamiento especial ya que -mientras estuvieran desaparecidas- eran una incógnita, una entidad, no estaban ni muertos ni vivos, estaban desaparecidos.
 
Para mantenerse en el poder durante mas de siete años las FAA construyeron 340 campos clandestinos de detención en los que eran ilegalmente conducidos detenidos políticos para luego ser torturados y -en la mayoría de los casos- asesinados; intervinieron los sindicatos; suspendieron la actividad política; disolvieron la Corte Suprema de Justicia; eliminaron la posibilidad de ejercitar los derechos que la Constitución enumera; etc.
 
Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, a pesar de los pesares que conllevó la cancelación de las garantías constitucionales para su país, muchos argentinos peticionan a sus autoridades que implementen la pena de muerte para quienes cometen delitos graves sin comprender que, si esto sucediera, se estaría violando la Constitución ya que a través de ella la Argentina suscribe a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en donde claramente se plantea que "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido".
 
En relación a esta cuestión el criminólogo Elías Neuman afirmó que "el temor a la inseguridad concreta por los delitos urbanos hace que la gente llegue a la conclusión de que la justicia es venganza... Quieren que el Estado aplique la pena de muerte, es decir, que el Estado enseñe a no matar matando… la pena de muerte existe en nuestro país. La denomino extrajudicial, porque son policías o situaciones extra carcelarias las que los aplican".
 
Así mismo el juez Raúl Zaffaroni planteó que existen "invariablemente se denuncia por lo menos una vez en la semana el aumento de la criminalidad a lo largo de los últimos cien años... Si eso hubiese sido cierto... estaríamos todos muertos".  Y, por su parte, la jueza Carmen Argibay sostuvo "Tenemos que empezar por ver las muertes evitables por falta de programas de salud, educación. Después podemos empezar a hablar de qué estamos haciendo para resolver la inseguridad. Claro que hay un problema, pero que es mundial; desde Caín y Abel pasa esto. Lo que pasa es que confundimos la cosa". 
 
En el mismo sentido, años atrás, el Cardenal Jorge Bergoglio expresó que hace tiempo que en la Argentina "se aplica la pena de muerte... y la eutanasia encubierta... se vive una cultura del descarte de todo lo que no sea funcional... las obras sociales pagan hasta cierto límite; si te pasás, «morite, total sos viejo»... a los chicos se los maltrata; no se los educa ni alimenta. Muchos son prostituidos y explotados... hay nenas de entre 11, 12 o 13 años ofreciéndose. Y después corren con ese dinero a comprar paco. Esas chicas y chicos procrean niños neurológicamente enfermos. Son de descarte... esto no pasa en Mongolia, sino acá, en Buenos Aires".
 
En este contexto millones de cristianos piensan que los argentinos, en vez de solicitar la pena de muerte, tendrían que asumir -como lo sostuvo Monseñor Enrique Angelelli en el año 1969- "lealmente el compromiso de seguir caminando, construyendo en la paz y en el esfuerzo fraterno… la gran tarea de buscar juntos para hacer una Argentina que no se sienta realizada y satisfecha, si junto a los grandes centros urbanos y fabriles, existen argentinos que se mueren de hambre, sufren el marginamiento material o moral o son excluidos de la mesa de los argentinos que ostentan o regulan factores de poder".

Y, por su parte, numerosas organizaciones sociales sostienen que mientras perdure la desdichada tendencia, iniciada hace 33 años, de atentar contra la existencia de aquellos que -principalmente- provienen de los sectores mas vulnerables y empobrecidos de la sociedad, difícilmente podrá considerarse que en la Argentina se favorece la promoción humana y se respeta el derecho a la vida.
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